El Servicio de prevención de desahucios de la Junta atiende a más de 500 familias en Castilla y León

Desde la puesta en marcha por parte de la Consejería de Familia del sistema pionero en España de atención a familias en riesgo de desahucios, el servicio ha atendido ya a más de 500 casos, de ellos 87 en la provincia de Salamanca. El sistema, articulado en torno al teléfono 012, trata de ser una medida preventiva antes de llegar a los lanzamientos.

Así lo explicaba la consejera de Familia, Milagros Marcos Ortega, durante su participación en la Comisión de Familia y Políticas Sociales del Partido Popular de Salamanca.

La consejera destacaba que desde la llamada al 012 por parte de estas familias, se pone en marcha un sistema que tiene como gran objetivo «evitar que estas personas tengan que acabar por dejar su vivienda». Para ello, hay una fase «preventiva», destinada a las familias que todavía no han llegado a una situación crítica pero que empiezan a acusar importantes dificultades. Un momento en el que según Milagros Marcos «es más fácil actuar y reorganizar la situación para acabar por evitar el desahucio antes de que se acumulen los impagos».

Posteriormente, el sistema prevé una fase de interlocución con las entidades financieras, con el fin de evitar efectivamente el lanzamiento en los casos más complicados. La consejera destacó que hay once entidades financieras que colaboran con la Consejería en la renegociación de los préstamos como alternativa al desahucio.

Finalmente, el servicio cuenta con una fase paliativa, donde se trabaja fundamentalmente en otorgar una vivienda alternativa para aquellas familias en las que ha sido imposible evitar el lanzamiento. Una fase en la que la Consejería trabaja con los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones, así como con entidades como Junto a este programa, Milagros Marcos destacó que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha «otras ayudas para apoyar a las familias que están pasando por un momento complicado», como la Renta Garantizada de Ciudadanía, de la que hacen uso cerca de 10.000 personas en Castilla y León.