La reorganización de los consejos Consultivo y de Cuentas, el Procurador del Común y el CES ahorrará al año 2,8 millones

La Junta de Castilla y León calcula que la reordenación de la organización y el funcionamiento de las instituciones autonómicas puede permitir un ahorro anual a las arcas de la comunidad de 2,8 millones de euros.

El anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno con vistas a que empiece a tramitarse en las Cortes en febrero afecta al Consejo Consultivo, de Cuentas, al Procurador del Común y al CES. Los tres organismo compartirán servicios comunes, dependerán todos de las Cortes (ahora lo hacen el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común) y será quien ocupe la presidencia del parlamento quien autorice contratos que afecten a dos o más de estas instituciones o que superen los dos millones de euros y también los trabajos y estudios que se encarguen.

Los presidentes de estas instituciones no podrán estar en el cargo más de dos mandatos y se abre la puerta a que no tengan dedicación exclusiva. La reforma amplía en algunos casos las competencias de los organismos, acorta los plazos para la emisión de sus informes (CES y Consultivo) y en el caso del Consejo de Cuentas, que controla la gestión de los fondos públicos y los contratos de las administraciones, estipula que puedan resultar multadas los ayuntamientos, diputaciones y demás organismos públicos que no remitan la información económica.