«Hay alcaldes que piensan que se legisla en despachos con moqueta sin conocer la realidad de los pueblos»

En abril, cuando Julio Villarrubia le confió la Secretaría de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, poco podía suponer Juan José Zancada, también portavoz de su partido en la Diputación de Valladolid, que seis meses más tarde iba a ser posible un pacto por la ordenación del territorio con el Partido Popular. Lo ha precipitado, asegura, el malestar y el temor que existe, más allá del color político, por el desmantelamiento de servicios en el medio rural y el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno «y que pone en riesgo el futuro de los municipios», señala Zancada.

¿Qué le dicen los ediles del PSOE en estas visitas a las provincias? ¿Entienden el pacto de Villarrubia con el Ejecutivo autonómico?

Estamos explicando más los aspectos de Gobierno local más que de ordenación del territorio, hablamos de la reforma de competencias municipales para evitar duplicidades, y la gente lo entiende. Pero está muy molesta por la política de recortes en el mundo rural, bastante preocupada por las noticias que vienen de Madrid sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local que prepara el Gobierno de España. La gente está preocupada por el futuro de los pueblos, si les van a quitar más servicios, por la asfixia económica y los recortes. Algunos piensan que se legisla en despachos con moqueta y que no se conoce la realidad de los pueblos de Castilla y León. Al final, los alcaldes ni quieren más competencias ni más recursos, sino que se presten servicios en sus pueblos, sea quien sea la administración que los preste.

¿Qué sensación que tiene usted después de recabar la opinión de la militancia en el medio rural?

Que hay una posición unánime entre los municipalistas, protestan por igual sean del PSOE que del PP. De hecho, en la Federación Regional de Municipios y Provincias, las mociones que hemos planteado sobre la supresión de urgencias nocturnas, la eliminación de los médicos de familia o el transporte a la demanda se han aprobado por unanimidad. Lo que se percibe es una estrategia de las nueve diputaciones para paliar los recortes que se están decretando en el ámbito nacional y regional. La gente está preocupada por lo que puede venir. Yo creo que estamos en la antesala de una revuelta social si se sigue legislando. Esto no es la Comunidad de Madrid: es un territorio de 93.000 kilómetros cuadrados, con 2.218 ayuntamientos y 2.300 entidades menores. Son los pequeños núcleos los que fijan población y vertebran la comunidad. Si les quitan servicios iremos a la desertización de Castilla y León. Se va a convertir en un erial.

A pesar del acuerdo de los dos grandes partidos en la comunidad, ¿por qué sostiene que se está asistiendo a un «combate de boxeo».

Sí, porque en un lado del ring están Rajoy y Herrera, legislando y recortando servicios, y por otra, el mundo rural de Castilla y León, luchando por no desaparecer ante la amenaza real que existe de cómo se está legislando en Madrid.

También sostiene usted que firmar ese acuerdo no significa que vayan a votar a favor de la ley de ordenación del territorio de la Junta.

La firma de este acuerdo en este momento es muy importante, porque le envía un mensaje claro a Rajoy e involucra a los alcaldes y concejales del PP. Ahora esperamos la respuesta y que frene el anteproyecto de la Ley de Bases que se asienta sobre la todopoderosa Ley de Estabilidad Presupuestaria para reducir el déficit, que se ha convertido en la patente de corso para todos los recortes.