Martínez Maíllo: «Nos estamos convirtiendo en los bancos de la Junta»

Le ha tocado jugar el papel de malo, hay quien dice incluso que también bailar con la más fea, con motivo del cambio de modelo propuesto por la Junta en la Ordenación del Territorio. Pero ni le importó entonces ni le preocupa ahora, defendiendo como dice defender una idea que no es propia sino de todos los alcaldes de la provincia de Zamora en bloque. El presidente de la Diputación de Zamora, a la sazón vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no requiere de guion para ordenar sus ideas. O el territorio.

¿Se ha dado con la tecla en las dos últimas reuniones para ordenar el territorio?

Lo que se ha producido es un cambio importante de modelo, que atiende bastante a las alegaciones que mayoritariamente hicieron los alcaldes de Castilla y León, lo que demuestra que cuando se alegaba había un fondo y un sentido común. A partir de ahí, ese cambio lo hemos saludado como positivo y se ha iniciado un proceso de diálogo en torno al texto de la ley de ordenación del territorio, que excluye los distritos, la creación de nuevas estructuras administrativas...

¿Era un mero problema de nomenclatura?

No era solo un problema de nomenclatura, el que puso el nombre de distritos desde luego sabía muy poco de la realidad de Castilla y León y supongo que fue diseñado por algún gran erudito del cuerpo de las letras o de alguna Universidad. Pero no es un tema solo de nombre, es de contenido, y ese contenido se está revisando.

La financiación era uno de los puntos que más preocupaba.

Claro, porque se trasladaba a los distritos, ahora mancomunidades, unas competencias sin que se hablara en ningún momento de dinero, porque se decía que se hablaría en un momento posterior. El pacto PP-PSOE ha solucionado en cierta medida ese problema. Se otorgaban competencias a las diputaciones que no quería nadie alegando que se potenciaba a las diputaciones. ¡Oiga, no me potencien! Si me van a dar competencias que no quiere nadie sin financiación, prefiero que no lo hagan. El problema inicial del modelo, además de la financiación, es que escondía una cierta desconfianza hacia las diputaciones de Castilla y León, potenciando esa figura intermedia que eran los distritos. Y yo creo que se está solventando, porque para qué crear instituciones intermedias si tenemos ya las diputaciones. No es necesario crear administraciones intermedias. Creo que en este caso la Ley de Bases de Régimen Local del Gobierno de España tiene más claro el papel de las diputaciones que la Junta de Castilla y León, de hecho el Gobierno apuesta en su ley más por las diputaciones que la Junta.

¿Queda clara ya la financiación?

Ese pacto es para recuperar lo que había antes de 2012, se incluye el Plan de Empleo, una parte para ayuntamientos Pero no es suficiente, nosotros queremos ir más allá. El gran debate de esta comunidad de cara a la financiación en el futuro es la participación en los tributos de la comunidad por parte de los ayuntamientos porque si no, vamos a estar sometidos cada año al Gobierno de turno, a que decida o no decida poner dinero, y al consejero de turno que decida firmar un convenio o no, y la experiencia que tenemos es que incluso firmando convenios te pueden dejar colgado y no pagarte. Las corporaciones locales en Castilla y León y en toda España somos los bancos de las comunidades autónomas, estamos financiando a las comunidades. Hay que cambiar el modelo. Por ejemplo, el Estado no firma convenios con las entidades locales, hay un dinero que procede de la participación en los tributos y nos lo da, y con ese dinero tenemos la autonomía local para hacer lo que consideremos necesario. Queremos lo mismo con las comunidades, así evitaríamos que en 2012 no hubiera ningún euro para las corporaciones locales, sino que tendríamos el porcentaje fijado en la participación de los tributos. Ese es el salto.

Miguel Ángel García Nieto hablaba de los ayuntamientos como «los financiadores de la Junta».

Que nos estamos convirtiendo en los bancos de la Junta es una realidad. Desde la FEMP hemos pedido que en el fondo que ha creado el Gobierno para ayudar a las comunidades autónomas, una de las cosas que sea objeto de ayuda por parte del Estado sea la deuda que tienen las comunidades con los ayuntamientos, que se pague también esa deuda, porque está muy bien pagar a los autónomos, pagar a los proveedores, pero también en el fondo de rescate habría que incluir la deuda que tienen las comunidades con las entidades locales. Porque las hay.