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PABLO GARCINUÑO
Viernes, 9 de noviembre 2012, 19:05
Cuatro vecinos de Arévalo, con edades comprendidas entre los 26 y 48 años, han sido detenidos por la Guardia Civil, en el marco de la Operación Taira, por los delitos de estafa, asociación ilícita y falsificación de documentos. La estafa consistía en la venta de cachorros de canes por Internet, anunciando criadero propio.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio, por parte del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arévalo (Ávila), junto con el equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ávila. Comenzaron ante la denuncia formulada por un particular tras la adquisición de un cachorro de can a través del un anuncio en una página de Internet.
Como resultado de esos trabajos, el pasado 18 de octubre, se llevó a cabo un registro en la residencia canina de Arévalo, donde supuestamente se encontraban los perros que los implicados vendían y donde fue entregado un cachorro de raza SHIBA-INU al denunciante. En esa misma jornada se detuvo a J.A.M.T., de 33 años de edad, H.M.T., de 29 años de edad, y P.C.G., de 48 años de edad, y el 23 de octubre a una cuarta persona, V.C.J., de 26 años de edad.
Detalles de la estafa
En el supuesto criadero se detectaron irregularidades administrativas en el libro de registro de la residencia canina, ya que en lugar de ser utilizado para anotar los cánidos que pernoctaban mayores de tres meses, se usaba como control de entrada y salidas de los cachorros depositados en éste para su venta.
Durante la investigación se constató que diversos anuncios en páginas de Internet especializadas en la venta de cachorros con pedigrí eran gestionadas por las mismas personas, facilitando incluso el conocer las instalaciones donde se encontraría los padres con el resto de la camada del cachorro elegido. Además, afirmaban ser criadores propios, cosa que resultó falsa.
También se localizó una página web (con las líneas de teléfono de las personas investigadas) donde se ofertaba la adquisición remunerada de cualquier tipo de camada, independientemente si éstas eran de raza pura o no. Esto ponía de manifiesto que los vendedores de los cánidos no poseían un criadero propio, y que los pedigrís ofertados podrían estar confeccionados de manera fraudulenta. En este caso se trataba de inscripciones iniciales en los libros gestionados por diferentes asociaciones caninas existente en España que, al no poder justificar cuales son los progenitores del can, solo expide la certificación de su inscripción.
El reconocimiento efectuado por distintos veterinarios al cánido que da origen a los hechos denunciados certificaron que el animal no era de la raza pura SHIBA-INU. De hecho, padecía una enfermedad denominada displasia.
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