La Junta elaborará un mapa de zonas básicas sobre las que ordenará la prestación de servicios

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López, presentó ayer a los integrantes de la Mesa de Ordenación del Territorio el «esqueleto» de la futura Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Se trata del guión que articulará el texto que la Junta prevé presentar en las Cortes antes de final de año. La regulación contempla la elaboración de un «mapa de unidades básicas de ordenación y servicios» que dividiría geográficamente el mapa autonómico y la posterior adecuación de los servicios de «protección civil, transporte a la demanda, salud públicas, asistencia santiaria, educación, servicios sociales, etc...» a estas unidades territoriales.

«Se trata de mejorar la prestación de servicios al ciudadano, de hacerle la vida más fácil, quitar burocracia y ser más eficientes», defendió el consejero. De Santiago-Juárez resaltó la utilidad de las alegaciones y sugerencias que han hecho llegar a la consejería diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades y entidades menores. El consejero aseguró que el nuevo modelo evitará las duplicidades administrativas y destacó que la futura ley recogerá un calendario por el que la Junta asumirá las competencias impropias que prestan los ayuntamientos (a las que no están obligados por ser autonómicas).

El consejero señaló que el acuerdo de «mínimos» con el PSOE en ordenación del territorio hace que «sople el aire a favor» de la futura ordenación territorial de Castilla y León.

A la reunión asistieron, además de representantes socialistas, miembros de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), de las diputaciones, de las organizaciones agrarias, de los sindicatos y de la patronal, entre otros. La procuradora socialista Ana Redondo reconoció al término del encuentro que ese acuerdo de mínimos aclara muchas de las alegaciones presentadas al modelo, por lo que ha «acertado» al «tranquilizar» a los representantes municipales y a la ciudadanía y añadió que en la reunión se había solicitado al consejero (desde la FRMP y por algún presidente de Diputación) la necesidad de que los representantes locales participen ahora en la redacción de la futura ley y que el PSOE está de acuerdo con esta petición. «Es indispensable que los municipios puedan participar en el proyecto para que acertemos», precisó Redondo.