Los trabajadores de la Junta piden la intervención del Procurador del Común en los derroches de la administración

Una decena de representantes de distintas provincias de la comunidad de la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu), integrada por empleados de la Junta de Castilla y León, se reunía este miércoles en León con el Procurador del Común, Javier Amoedo, para solicitar su intervención ante el despilfarro de la administración regional en el contexto actual en el que se están sucediendo recortes a los trabajadores y en los servicios. Pladepu exponía al Procurador las denuncias y medidas de ahorro propuestas por la plataforma, con el respaldo de 9.000 firmas de trabajadores de la administración, a la Consejería de Hacienda acerca de las que no han obtenido respuesta alguna.

Los empleados han solicitado la «actuación contundente» del Procurador para reclamar a la Junta «auténticas medidas para acabar con el despilfarro del presupuesto público y frenar el deterioro de los servicios públicos». Los representantes de la plataforma han hecho entrega a Amoedo de un documento en el que se recogen cinco denuncias para que requiera a la Consejería que dirige Pilar del Olmo información sobre ocho grandes apartados en los que, entienden, se podrían lograr sustanciales ahorros.

Según han recordado, esta propuesta ya le fue remitida a la consejera de Hacienda. En ella se pedía la reducción de puestos de libre designación al considerar que se está cayendo en el «abuso» hasta incurrir en «prevaricación» y «vulneración de derechos y corrupción, al elevar a los puestos mejor retribuidos a funcionarios afines al partido o camarilla de índole partidista». Asimismo, denuncian la proliferación de «centenares de puestos de asesores y de mandos intermedios y altos cuyas funciones podrían ser desempeñadas con retribuciones ordinarias por funcionarios de carrera.

Este listado de denuncias y propuestas alude también a lo que han denominado 'sector público paralelo', los «al menos 52» entes de derecho no público creados por la Junta que «duplican las funciones que pueden y deben llevar a cabo los funcionarios, al igual que las privatizaciones y externalizaciones de servicios. También han demandado al Procurador del Común que ahonde en «la vulneración del derecho a concursar a todas las plazas que no están ocupadas con destino definitivo»; en los gastos de alquileres por la no eficiente utilización de los edificios públicos; el derroche en gastos de protocolo, representación, indemnizaciones y compensaciones a los cargos políticos o pseudopolíticos o gratificaciones, y en la «autopropaganda» de la gestión diaria.

La pretensión, explicaba el portavoz de la plataforma, Quinidio González, es que, a consecuencia de estas denuncias expuestas al Procurador del Común, se realicen a la Junta los requerimientos precisos para apuntalar medidas de ahorro y control del gasto. Amoedo les ha transmitido, ha añadido González, que cursará la petición de la información y que, desde ese momento, la Junta dispondrá de un mes de plazo para aportarla. Una vez estudiada, les será trasladada una respuesta y, a la administración regional, una resolución con las conclusiones.

Además, se ha demandado al Procurador que este asunto se debata en las Cortes autonómicas como se hace con el informe anual de la institución. Amoedo ha aclarado que sólo el informe anual se lleva por sistema a las Cortes, pero que sí existe una comisión mixta que nunca se ha utilizado y cuya constitución él puede promover, algo que se ha comprometido a estudiar.