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J. I. FOCES
Martes, 25 de septiembre 2012, 12:24
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha comprometido hoy públicamente la fecha del 31 de diciembre como tope para enviar a las Cortes de Castilla y León el proyecto de Ley de Ordenación de Servicios y Territorio, que regulará su plan de ordenación del territorio en la comunidad autónoma. Después de jornadas políticamente muy tensas en la cúpula del PP regional, incluso con la rebelión de algunas provincias (Ávila, Salamanca y Zamora) cuyas direcciones del PP habían planteado serias reticencias al plan de Herrera por lo que suponía, entretenían, de pérdida de poder para los alcaldes. Herrera hoy ha sido muy contundente y dirigiéndose a todo el partido, pero especialmente a los díscolos, les ha advertido que primero son los ciudadanos, segundo ejercer las competencias exclusivas de la comunidad autónoma y, tercero, la organización municipal, atomizada en 2.248 ayuntamientos. Por eso, la ley no se llamará de ordenación del territorio, sino de 'Ordenación de los Servicios y del Territorio'.
Desde la tarima, y con tono muy didáctico, Herrera ha sido tan contundente ante el comité ejecutivo de su partido (el primero tras el congreso regional de mayo), que no ha dudado en decir lo siguiente: «Me reservo el desarrollo de las competencias exclusivas de Castilla y León. No voy a hacer locuras, pero voy a dotar a la comunidad de unidades básicas de ordenación y servicios que garanticen a los ciudadanos del medio rural el acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones de calidad con los del medio urbano».
Eso sí, para quienes desde dentro le han criticado por el trabajo previo y la inclusión en el proyecto de la asociación voluntaria de municipios, Herrera ha sido claro: Esta ley es «rabiosa y radicalmente municipalista», respeta la autonomía municipal y no va a quitar ayuntamientos, ni a suprimir municipios ni entidades locales menores. Todo lo contrario, ha agregado. Porque el riesgo de los ayuntamientos está en que no puedan cumplir con la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria y que, por eso, el Gobierno de España pueda quitarles sus competencias. «Para evitar eso», ha dicho Herrera, la Junta de Castilla y León les ofrecerá una fórmula de asociación voluntaria que les asegure la prestación de servicios públicos a los ciudadanos sin que nadie les pueda hacer desaparecer como ayuntamiento.
Y será voluntaria, ha insistido por activa y pasiva. Y los pueblos que se asocien en las mancomunidades de interés comunitario, que la Junta tratará que sean lo más similares posibles a las zonas básicas de servicios, habrá una línea presupuestaria de apoyo.
Al dinero de los ayuntamientos también dedicó parte de los anuncios, con la apertura y la disposición a replantear la financiación municipal incluso con fórmulas de participación en los ingresos de la comunidad autónoma.
El presidente ha agradecido el trabajo desarrollado en el último año y medio por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez (hoy en la Moncloa preparando la Conferencia de presidentes) y su equipo, así como el de los delegados territoriales, los presidentes de las diputaciones y los procuradores y ha exigido (el tono y la forma indicaban eso) a todo el partido que explique pueblo a pueblo este proyecto de ley.
Un proyecto que estará este año en las Cortes; que no lo aprobará antes de que Rajoy apruebe su reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero si Rajoy no la aprueba este trimestre, Herrera ha asegurado que ejercerá sus funciones y mandará su Ley de Ordenación de Servicios y el Territorio ates del 31 de diciembre a las Cortes regionales.Kiosko y mas Y además, con opiniones de Vidal Arranz y Carlos Blanco
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