180 ayuntamientos y asociaciones exigen a Gallardón que no elimine sedes judiciales

No están todos los que son porque algunas instituciones y colectivos han acudido a otros canales «más directos» para encauzar su malestar, pero son muy significativos los más de 180 escritos de alegación que ha recibido y tramitado la Consejería de la Presidencia desde que se dio a conocer el pasado abril el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, aunque sea virtual y «no vinculante», propone dejar en 25 los actuales 41 partidos judiciales de Castilla y León.

Aunque la posición de la Junta a favor del mantenimiento de sedes judiciales no ha variado desde entonces y las Cortes, de forma unánime, han respaldado que «no vale» para Castilla y León la ratio de un juzgado por 100.000 personas y a una hora de distancia, las protestas de corporaciones locales y colectivos profesionales como abogados y procuradores, se han ido produciendo en un goteo constante. Persiguen que el Ejecutivo autonómico enarbole la reivindicación ante el Ministerio de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón llame «a consulta» a las comunidades autónomas antes de que sea un hecho la nueva Ley de Demarcación y Planta, que fijará el nuevo mapa judicial de España. Ese es el compromiso que adquirió el ministro con el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez en la entrevista mantenida en Madrid el pasado mes de mayo.

Contactos

Ayer mismo, desde el Ministerio de Justicia se insistía en que el informe del CGPJ es una propuesta de reforma que el Gobierno «escucha» pero «no es la única institución a la que prestará atención». La Comisión para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, subrayaron, lleva trabajando desde marzo, «también está elaborando un informe con sus recomendaciones» y el Ministerio «continúa con sus contactos a fin de ultimar los trabajos que concluyan con la nueva Ley», señalaron.

En el CGPJ, el plan inicial de 'pulir' el primer informe de «reasignación» de juzgados con las aportaciones que realizaran los Tribunales Superiores de Justicia, «se ha abandonado», manifestaron fuentes del Consejo que, al parecer, ha renunciado, después de tanta polvareda, a coliderar la iniciativa, y está remitiendo las observaciones que realizan los tribunales autonómicos «directamente» al Ministerio de Justicia.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su primer pleno del curso judicial que ha señalado para el 1 de octubre, tiene previsto debatir el asunto de la Ley de Planta y fijar su posición. No obstante, y de manera oficiosa, el presidente, José Luis Concepción, había manifestado su acuerdo con las líneas gruesas del informe del CGPJ aunque precisó que la propuesta «recorta demasiado en algunos extremos y poco en otros; Castilla y León tiene nueve provincias y el desconocimiento de las dificultades geográficas y las distancias kilométricas hace desacertadas algunas supresiones que trataremos de corregir, pero lo cierto es que hay partidos judiciales que no tienen razón de ser».

El Ayuntamiento del Valle de Mena, en la frontera de Burgos con el País Vasco, fue el primero en rebelarse y presentar una moción por el mantenimiento del partido judicial de Villarcayo, donde se registraron el pasado año una cifra superior a los 4.800 asuntos. Los dos juzgados dan servicio a 22.000 habitantes repartidos en 18 municipios de las Merindades. La propuesta, que «fuerza» el traslado de los usuarios al de Miranda de Ebro, conlleva desplazamientos de cien kilómetros «por carreteras nada sencillas y generando una potencial indefensión para los vecinos».

Hasta la fecha, la Junta ha ido registrando alegaciones de otros 86 ayuntamientos: 23 de Ávila, 13 de Burgos, 12 de León, 4 de Palencia, 8 de Salamanca, 7 de Segovia, 1 de Soria, 5 de Valladolid y 15 de Zamora. A ellos se suman las mociones firmadas por las Diputaciones de Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid y Zamora. También han presentado informes los Colegios de Procuradores de Palencia y Salamanca, la Asociación para la Defensa del Partido Judicial de Benavente, la Cámara de Comercio de Briviesca, Comisiones Obreras y el Consejo Consultivo de Galicia.