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PATRICIA GONZÁLEZ
Viernes, 14 de septiembre 2012, 00:04
El Partido Independiente de Castilla y León (PCAL-CI) en el Ayuntamiento de Medina del Campo denunció ayer una presunta ilegalidad que habría sido cometida por el anterior grupo de gobierno del Partido Popular en el proceso de concesión de la escuela infantil municipal San Francisco.
Según el secretario de organización del partido, Antonio San José, y el concejal de Festejos, Jesús Ramón Rodríguez Galván, la adjudicación por siete años de la guardería a la empresa Tesima 2010 sería ilegal porque una de las tres socias de dicha entidad mancomunada es la mujer del entonces concejal popular David Blanco Valmaseda y este parentesco vulneraría el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los miembros del PCAL-CI aseguraron que la acusación está basada en un informe realizado por la secretaría general de la administración local, por lo que solicitarán en el pleno del próximo día 24 la nulidad del proceso y el envió de dicho documento, de carácter vinculante, al Consejo Consultivo de Castilla y León, entidad que tendrá que dictaminar si hubo o no una ilegalidad en el proceso de adjudicación de este recurso municipal.
Pero antes de proceder al envío de dicho documento al Consejo Consultivo regional, tanto el PCAL-CI como el PSOE someterán a pleno dicha cuestión en la sesión plenaria del lunes 24 de septiembre. Mediante una votación nominal que consiste en el voto individual y libre de cada uno de los ediles que conforman el hemiciclo medinense emitirán su parecer sobre dicho informe y así podrán «evitar posibles delitos de prevaricaciones», según puntualizó San José, que aseguró que, en caso de que la resolución del Consejo Consultivo no dilucide la presunta ilegalidad, «porque en este ente hay juristas pero también políticos», el PCAL-CI, amparado por el PSOE, remitirá el informe a la Fiscalía para su estudio.
Por su parte, el portavoz del PP, Javier Rodríguez, aseguró que «nosotros estamos completamente seguros de que nunca hemos realizado ninguna gestión sin ser refrendada por el secretario general del Ayuntamiento que es el único que tiene potestad para dar fe». Después de dejar caer todo el peso de la acusación sobre los técnicos del Ayuntamiento «los únicos capacitados para estos requerimientos», Rodríguez puntualizó que «si el PCAL-CI y el PSOE quieren pedir responsabilidades que se las pidan al secretario del Ayuntamiento, que es la persona que emitió el informe favorable para dicha adjudicación».
Respecto a las votaciones nominales durante el próximo pleno, desde el PP no quieren adelantar si el voto será consensuado a favor o se abstendrán. «Nos vamos a reunir hoy por la noche (por ayer) para tratar este tema y ver cuál es nuestra posición o decisión, pero la responsabilidad es del secretario del Ayuntamiento, que es quien da fe», reiteró el portavoz popular.
Mientras, los miembros del PCAL-CI de Medina dejaban claro que su intención es que «después de que se haya visto y estudiado el informe de la secretaría general de Ayuntamiento, solicitaremos la nulidad inmediata del contrato de adjudicación a Tesima 2010». «Queremos que el Ayuntamiento sea transparente y legal al cien por cien», dicen desde el partido, a la vez que recuerdan que «no fue un proceso claro». Ya en la anterior legislatura, el PSOE, entonces grupo mayoritario en la oposición, denunció públicamente presuntas irregularidades en la forma en la que Tesima 2010 se hizo con el contrato de este centro de titularidad municipal.
Desde el año 2010
Según el informe de la secretaría general del Ayuntamiento, datado en agosto de 2012, esta revisión sobre el proceso pondría de manifiesto una irregularidad en la adjudicación de la escuela infantil realizada de manera definitiva en diciembre de 2010. Una de las socias de la empresa adjudicataria estaba casada (y sigue estándolo) en régimen de gananciales con el entonces concejal David Blanco Valmaseda y dicho parentesco sería un obstáculo para la adjudicación.
Asimismo, el PCAL-CI se pregunta cómo es posible que Blanco Valmaseda dejara su acta como concejal del Ayuntamiento el pasado mes de junio por «no perjudicar a su mujer en el nuevo proceso de adjudicación de la guardería Castillo de Colores», y no lo hizo el año en el que se adjudicó la guardería San Francisco a su mujer y a sus dos socias. Si se demostrara la presunta ilegalidad denunciada por el PCAL-CI y apoyada por el PSOE la guardería municipal dejaría de estar explotada por Tesima 2010 y pasaría a manos de la empresa que quedó segunda en el concurso.
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