Sindicatos de Justicia piden al Poder Judicial que confirme el gasto para un cargo del TSJ

Tres sindicatos de la Administración de Justicia en Castilla y León remitieron ayer un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad autónoma en el que piden que se «clarifique si la creación de la plaza de directora de Gabinete de la Presidencia conlleva algún tipo de retribución y de qué tipo».

Las organizaciones sindicales que suscriben el escrito son Comisiones Obreras, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y CSIF, que cuentan con representación en la Junta de Personal del Ministerio.

Con este escrito, los tres sindicatos responden al nombramiento de la magistrada de lo Penal número 3 de Burgos, Olga Álvarez Peña, como directora de esta nueva plaza, cuya designación se realizó a comienzos del mes de julio a propuesta del presidente del TSJ, José Luis Concepción.

La jueza, que compatibilizará su trabajo como titular de lo Penal, tendrán como funciones las relacionadas con el protocolo y el asesoramiento y apoyo al presidente del Alto Tribunal en funciones de inspección de los órganos jurisdiccionales de la región.

Sin embargo, CC OO, STAJ y CSIF cuestionan en un comunicado «este tipo de nombramientos por no ser prioritarios en las necesidades de una Justicia ágil, eficaz y eficiente demandada por todos los ciudadanos».

Los representantes de los funcionarios de justicia en Castilla y León recuerdan que mientras se produce este tipo de designaciones los tribunales de la comunidad se ven afectados por la grave crisis económica que afecta «no solo la disminución de nuestras nóminas, sino también un sustancial recorte en los derechos de todos los funcionarios de la Administración de Justicia».

Recuerdan al respecto que la falta de medios materiales alcanza a «impresoras, al papel, bolígrafos grapadoras, carritos para el transporte de expedientes e incluso vestuario para el personal laboral».

La pasada semana cuatro asociaciones de jueces de Castilla y León criticaron también la creación del puesto de directora de Gabinete de la Presidencia. Olga Álvarez preside la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en la región.