La Audiencia de Valladolid reabre por segunda vez la investigación por facturas de Sacyl

La Sección IV de la Audiencia Provincial de Valladolid ha reabierto por segunda vez en menos de un año la investigación sobre las cuatro facturas que por importe global de 858.000 euros figuran en la contabilidad de la empresa Castilla Informática Consulting (CIC), sociedad que se integró en el grupo Nodalia que actualmente se encuentra en concurso de acreedores.

La nueva resolución judicial de la Audiencia se produce después de que el pasado 15 de mayo el magistrado de Instrucción 4 de la capital decidiese archivar la causa denunciada por la empresa Ingenius Team S. L., argumentando que no había indicios de delitos societarios o de falsedad documental. El juez había tomado declaración a tres empresarios de CIC y concretó que los trabajos informáticos por el programa Medora y de mantenimiento para telemedicina si hicieron por esta empresa, entre los años 2006 y 2007, «a través de un contrato verbal con los responsables de la Consejería de Sanidad». A pesar de ello, la Gerencia de Sacyl no reconoce que se hubiera realizado trabajo o servicios algunos por CIC, lo que interesa aclarar a los acreedores.

Es, en este sentido, en el que la Audiencia considera que la investigación no ha dado luz sobre si las arcas públicas pagaron o no dicha cantidad y en concepto de qué. Por ello, ha ordenado al instructor que tome declaración al que fuera director general de Desarrollo Sanitario de la Junta, Jesús García Cruces, y al jefe de Servicio de Contratación de Sacyl , Valentín Elena Casado.

La Audiencia quiere que respondan si es habitual o no que la contratación de servicios se hiciera entonces de forma verbal, y «si cabe que se emitan las facturas antes de aceptar y regularizar los trabajos encargados».

En el auto de reapertura se señala que deben de declarar los administradores concursales de CIC para que expliquen por qué presentan una demanda contra los tres empresarios de esta empresa para que devuelvan los dividendos de esta sociedad repartidos en 2007. El empresario Juan Posadas, propietario de Ingenius Team, sostuvo en su declaración que la presencia de las facturas de 858.000 euros provocó el concurso de acreedores. Por ello, la Audiencia, que no comparte la prescripción de la investigación, pide además que un perito auditor jurado de cuentas analice la contabilidad de Castilla Informática Consulting.