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EL NORTE
Sábado, 21 de julio 2012, 20:08
Lejos de que dejar zanjada la polémica en torno al cierre el centro de día gestionado por el Ayuntamiento de Navas de Oro, la plataforma de familiares de usuarios ha vuelto a salir a la calle para escenificar su rechazo enérgico a la decisión promovida por la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Pinela (PP). La supresión de las estancias será efectiva el 1 de agosto, tal y como se aprobó en el acalorado pleno celebrado el viernes en el que la regidora lamentó haber recibido «insultos e improperios».
En esta nueva manifestación desarrollada en la tarde-noche del viernes en las calles del municipio, el colectivo de damnificados ha recibido el respaldo de integrantes el AMPA de Vallelado, que defienden la permanencia de la ESO rural en el pueblo, así como de algunas fuerzas políticas. Fueron los casos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU), que han intentado frenar el cierre en las Cortes regionales sin éxito.
Así, el procurador socialista Jorge Félix Alonso, fue uno de los asistentes a la concentración. «Nos sentimos defraudados y engañados por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que nos prometió que mantendría los servicios actuales del centro de día. Con su actitud ha permitido que la alcaldesa elimine el servicio de estancias diurnas», lamentó el representante del PSOE en el hemiciclo castellano y leonés. En parecidos términos se manifestó la procuradora socialista por Segovia, Ana Agudíez, quien también acudió a la protesta.
«Intereses personales»
El portavoz de la plataforma de familiares de usuarios del centro, Francisco Marugán, insistió en calificar de «injusticia social» y de «atropello a un pueblo» la aprobación en el pleno municipal de la supresión de las estancias diurnas. Los concentrados en el acto de protesta exigieron a gritos la dimisión de la regidora y lanzaron consignas como 'guerra, guerra, el centro no se cierra'. Marugán reiteró que la eliminación del centro de día por parte de la alcaldesa responde a «intereses personales y políticos».
El portavoz del colectivo reprochó a Pinela que «nunca ha querido negociar» con los damnificados y los vecinos. Para el representante de los afectados, la actitud de la máxima responsable municipal en este conflicto ha sido «arrogante y autoritaria», lo que ha «impedido agotar todas las alterativas y gestiones que dotaran de viabilidad» a este servicio básico.
Marugán condenó que con el cierre «arbitrario» de las estancias diurnas Pinela «se asegure su sueldo de 30.000 euros al año que cobra, sin que la importe despedir a seis trabajadores del centro». También arremetió contra la pasividad de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Segovia, cuya inacción ha conseguido «desmoralizarnos y sentirnos indefensos por nuestras autoridades».
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