Los alcaldes creen que la reducción de concejales supondrá un ahorro mínimo

Los ayuntamientos han sido una de las administraciones del Estado que se han visto afectadas en mayor medida por las reformas anunciadas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. Aunque la reducción del 30% del número de concejales por tramo de población no se podría aplicar hasta los próximos comicios, pues, de lo contrario, se vulneraría la Constitución, la modificación ha generado reacciones dispares entre los alcaldes de la provincia de Segovia. Entre los consultados, los hay que califican la medida como «ridícula» si de lo que se trata es de ahorrar, y quienes creen que los ayuntamientos más pequeños podrán funcionar como hasta ahora aunque se reduzca el número de concejales.

El alcalde de la capital se agrupaba entre los más enfadados; «y cada día más», según se encargó de enfatizar él mismo. Pedro Arahuetes considera que la reducción del 30% de los concejales «es una medida política y electoral». La mayoría de los concejales no cobran dinero del Estado; es más hacen una labor por el bien común y en la mayoría de los casos de forma totalmente gratuita», incidió el regidor, según informa Alba de Frutos. «Detrás de esta decisión la verdadera intención que hay es la de eliminar a los partidos minoritarios del espectro político municipal, con la excusa de la reducción del déficit público».

Arahuetes apuntó una posible medida de ahorro: la eliminación de las diputaciones provinciales. «Su papel», apuntó el alcalde de Segovia, «podría ser desempeñado por las comunidades autónomas y el Gobierno se ahorraría mucho dinero público, ya que solo la Diputación de Segovia supone 60 millones de euros al Estado».

Muy distante es la posición del presidente de la Diputación Provincial. La reducción de concejales, subrayó Francisco Vázquez, «no es para rasgarse las vestiduras. Está pensada para ediles que cobran por su actividad y grandes ayuntamientos que en muchas ocasiones han abusado de las liberaciones». Según datos aproximados aportados por la Diputación, setenta de los cerca de mil alcaldes y concejales segovianos tienen sueldo 50 alcaldes y 20 ediles, según Europa Press. «Lo único que hacen los alcaldes y ediles de Segovia es trabajar, y ese trabajo en el 99% de los casos no es remunerado, por lo que no afectará nada», zanjó el presidente de la Diputación Provincial, que recordó que las medidas propuestas por el Gobierno requieren ahora un desarrollo normativo y legislativo.

No convencen estas razones al alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, que se mostró indignado. «Es una decisión ridícula cuyo único objetivo es distraer la atención», afirmó José Luis Vázquez, que añadió que «Lo que sobran en este país son las cosas que no son útiles y hay que analizar la utilidad de las comunidades autónomas. Los ciudadanos no quieren que se recorten sus derechos, ni en materia de salud ni de educación, para que se mantengan las estructuras políticas y administrativas de 17 estados diferentes», razonó Vázquez, que resaltó la circunstancia de que «hay más políticos y administradores en el servicio de Sanidad de las comunidades autónomas que enfermeros y médicos». «Lo que grava la deuda pública es la mala organización del Estado de las autonomías, no lo que suponen los concejales de los 8.000 municipios del país, que en la mayoría de los casos trabajan de forma desinteresada. ¿Qué ahorro va a suponer que haya menos concejales?», criticó.

En los municipios pequeños se apuntó la posibilidad, dentro de la reforma planteada por Rajoy, de que sus competencias sean asumidas por las diputaciones provinciales. «¿La Diputación me va a preparar las fiestas del pueblo?, se pregunta Laura del Río, alcaldesa de Gomezserracín, municipio que cuenta con poco más de setecientos habitantes. «Da igual que haya ocho concejales que dos, porque entre otro concejal y yo sacamos adelante el trabajo», añadió Del Río. «En los pueblos pequeños, la gran responsabilidad recae en el alcalde y se pueden hacer las cosas con cinco concejales y no con siete», apuntó Luis Barrios, alcalde de Ortigosa del Monte, que cuenta con medio millar de habitantes. «No me parece mal que se reduzcan concejales. Siete son muchos y el que tiene que estar siempre es el alcalde», argumentó Eleuterio Nicolás Ortega, regidor de Zarzuela del Pinar.

Protestas

El Gobierno de Mariano Rajoy se prepara para vivir unos próximos meses de intenso movimiento en las calles. Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones para protestar por los últimos recortes anunciados por el Ejecutivo. La eliminación de la paga extra de Navidad de los funcionarios y la reducción de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes han hecho rebasar el vaso de la paciencia social. El descontento de los ciudadanos se pudo comprobar en Segovia en una concentración improvisada que se desarrolló ayer en la Plaza Mayor. No había una convocatoria formal de los sindicatos, pero un grupo de personas se reunió para escenificar su descontento con las últimas medidas del Gobierno. Sí que hay convocadas varias movilizaciones para el día de hoy. La principal tendrá lugar a partir de las 11:00 horas frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno y se repetirá a la entrada de todos los centros de trabajo de la administración pública. Muchos funcionarios acuden ya vestidos completamente de negro a sus puestos de trabajo como símbolo de su descontento.

También ha convocado una concentración el sindicato de Enfermería, Satse, que estima que el recorte anunciado a los funcionarios por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supondrá una reducción aproximada del 7% en la masa salarial anual del sueldo de los enfermeros y que aumentará la precariedad de las condiciones laborales del personal de enfermería. Satse ha convocado a todos los enfermeros de la región a una concentración, a las 11:30 horas, en la puerta de los centros sanitarios.

Señalan desde el sindicato de Enfermería que al mismo tiempo, el presidente del Gobierno ha anunciado la reducción del número de días libres, a pesar del aumento de jornada llevado a cabo por las autonomías. «No contento con esto», resaltan en Satse, «el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, también anuncia que se aumenta la jornada laboral a 40 horas semanales, algo que en sanidad sería ilegal, pues hay una directiva europea que establece un máximo de 48 horas semanales entre jornada ordinaria y guardias en el ámbito sanitario. Se superaría ese máximo, ya que es obligatoria la realización de guardias».