Acuerdo entre Caja España-Duero y la mayoría sindical para eliminar complementos y recortar beneficios sociales

La dirección del Banco Ceiss (Caja España de Inversiones Salamanca y Soria) y los representantes sindicales de UGT, CC OO y CSICA llegaron el jueves por la noche a un acuerdo laboral que sin embargo no firmó la Unión de Empleados de Ahoro (UEA). La dirección de la entidad estaba dispuesta a aplicar, si no había acuerdo antes de la medianoche, la reforma laboral aprobada en febrero por el Gobierno de Mariano Rajoy, que mediante los cambios introducidos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite al empresario aprobar una modificación sustancial de las condiciones laborales de sus empleados de forma unilateral en caso de atravesar condiciones económicas adversas.

Los términos del texto firmado recogen una rebaja en el complemento de antigüedad, que desaparecerá en 2016; la reducción del número de perceptores del plus funcional, así como la creación de una comisión de seguimiento para el pago; y la reforma del seguro médico, cuya póliza pagarán los empleados con una aportación de la empresa de 300.000 euros anuales, lo mismo que pone Unicaja. Además, se elimina la bolsa de vacaciones y la cesta de Navidad, aunque se mantienen las ayudas de guardería del convenio.

Los recortes persiguen lograr un ahorro de 15 millones de euros, una intención que según manifestó Luis José Rodríguez, secretario regional de CSICA, «se mantienen». «La firma ha sido un acto de responsabilidad para evitar la aplicación del artículo 41, lo que hubiera supuesto la desaparición de todo», señaló Rodríguez, para quien «defender un conflicto colectivo en un juzgado hubiera sido tarea casi imposible, así que hemos optado por que en lugar de perder la mano entera, salvar dedo y medio». Según advirtió el representante de CSICA, «la empresa se ha comprometido a que este ahorro actual se sume a los que vendrán en el futuro, cuando negociemos la integración en Unicaja». En total, la cantidad a recortar con vistas a la fusión asciende de 120 millones de euros que, explicó Rodríguez, «no empezarán de cero».

Por su parte, María Orgaz, secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras, aseguró a Ical que «aunque el acuerdo supone una merma de derechos de los trabajadores, es lo más beneficioso que podíamos hacer, dado que de no haberse llegado al mismo el 1 de julio entraría en vigor el artículo 41, algo que hubiera sido mucho peor. La firma de este acuerdo ha sido una decisión correcta, aunque no satisfactoria al cien por cien». Antonio Muñoz, representante de UGT, valoró de forma positiva el acuerdo y destacó que en el mismo también se contempla que no habrá ningún despido hasta el 31 de diciembre. «Colocando en una balanza la aplicación del artículo 41 y la amenaza de la empresa de aplicar la reforma laboral, algo que puede hacer legalmente, y en otra el acuerdo alcanzado hoy, no hay duda que la valoración es positiva», afirmó Muñoz.

Desde la dirección de la empresa también se mostró satisfacción por el acuerdo y se agradeció la responsabilidad de todas las partes, que han sabido ceder en sus pretensiones. «Estamos ante un proyecto de futuro que tenemos impulsar entre todos», dijeron.