El reparto de competencias y los distritos enturbian el pacto municipal

El modelo de ordenación territorial de la Junta de Castilla y León está consiguiendo que los municipios se agrupen, sí, pero en su contra. El esfuerzo por explicar el modelo a los alcaldes, que ha llevado a la viceconsejera de Administración Territorial, María José Salgueiro y a Luis Miguel González, director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, a peinar las nueve provincias de la comunidad en los últimos cuatro meses, apenas ha acabado con el temor a la desaparición de los municipios pequeños. La Junta insiste en que de ninguna manera se van a suprimir entidades locales, pero desde el PSOE se advierte de que no hará falta, que morirán ellos solos por inanición económica.

Cuando están a punto de terminar los trabajos de los dos grupos en que se ha dividido la Mesa de Ordenación del Territorio para redistribuir competencias los días 11 y 14 de junio tienen las últimas reuniones antes de la puesta en común, que será antes de agosto, con el propósito de que el Proyecto de Ley de Gobernanza llegue a las Cortes en el último trimestre del año todavía no se ha hablado de financiación y el nerviosismo va en aumento. No solo en los pueblos menores de 5.000 habitantes, sino también entre algunos miembros de la Mesa, integrada por todos los grupos políticos con representación en las Cortes, sindicatos y empresarios, OPAS y corporaciones locales. Desde la Junta se insiste en que el modelo basado en los distritos de interés comunitario «es el que necesita Castilla y León, está hecho a su medida», proclama Salgueiro, independientemente de lo que determine la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local (1985) que ultima el Gobierno y que hará pública en breve.

En esto también está de acuerdo el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, que critica sin pudor el informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), uno de los muchos que analizan en el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas y que, según la Federación, está «en completa sintonía» con las líneas marcadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Duplicidades

Según se expone en el Programa Nacional de Reformas 2012 del Reino de España remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, «el cuadro competencial actual resulta indefinido y confuso y no garantiza la inexistencia de duplicidades». Plantea, por ello, «racionalizar el número de entidades locales y sus competencias». En la manera de hacerlo es donde el modelo de la Junta, basado en los distritos de interés comunitario, sería disonante. «El Gobierno rechaza la creación de nuevas unidades administrativas y los distritos lo son», subrayan desde la FEMP, y además hay competencias que corresponden a la Junta y que se siguen cargando a los ayuntamientos, como el mantenimiento de los colegios públicos o las residencias de ancianos». Subrayan que «si el 26% de competencias impropias que tienen los ayuntamientos se pasan a los distritos, seguimos igual». Según el marco que propone Rajoy, no se admitirán convenios para que los ayuntamientos desarrollen competencias delegadas, y las propias se estratificarán por tramos de población para facilitar la agrupación de municipios, «de modo que solo tengan esta consideración los que alcancen un umbral determinado de población». La tesis que se extrae del informe de la FEMP es que los distritos no son necesarios para atender los servicios de los pueblos pequeños si se refuerzan las diputaciones. Una vez más, ellas tienen la llave del mapa territorial de Castilla y León.