Prietas las filas por el territorio

«Pero, ¿qué hacéis aquí en lugar de estar tomando café?», bromeó Juan Vicente Herrera con los periodistas apostados a la puerta de la sede del Partido Popular de Castilla y León. El presidente regional del PP y jefe del Ejecutivo autonómico llegó el último pero puntual, en mangas de camisa y con la americana en la mano, a la reunión 'secreta' con los presidentes del Partido Popular de las nueve provincias, convocados a las cinco en punto de la tarde para lidiar un vitorino de los de más difícil faena de esta legislatura, el de la ordenación del territorio.

El primero en llegar a la sede de Las Francesas, con más de media hora de antelación, fue el secretario del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien después de las más de dos horas de análisis del nuevo modelo territorial basado en los distritos de interés comunitario (DIC), fue el encargado por el presidente Herrera de resumir el contenido de la reunión «de carácter interno». Una llamada a capítulo que se produce después de que alcaldes de Ávila a quienes no se les permitió plantear alegaciones en el congreso autonómico hayan hecho llegar su malestar a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por un modelo que no ven claro, y también después de que en el congreso el senador y presidente provincial abulense, Antolín Sanz, cuestionara la ponencia política y enarbolara la bandera de la «inquietud con la que se vive en los pueblos el futuro modelo de ordenación territorial en el que trabaja la Junta de Castilla y León».

Las voces discordantes también se han dejado oir en los últimos meses en municipios de Zamora y Valladolid cuando se les ha presentado el modelo en las reuniones de alcaldes por provincias. Incluso en León algún experto en socioeconomía ha puesto de manifiesto su objeción al nuevo diseño territorial que propugna el Gobierno autonómico.

La estructura intermedia

El nuevo mapa de Castilla y León, subrayó el secretario regional, «se basa en los vecinos del medio rural, en el municipalismo, porque son un tercio de la comunidad los que viven en los pueblos» y apuesta por las diputaciones «como un modelo supramunicipal que mejora la gestión de los servicios».

Y para abundar en esa mejor gestión de los servicios públicos, apostilló Mañueco, «es necesaria una estructura intermedia, los distritos, que para que se entienda bien, son una variable de las mancomunidades, pero más fuertes en población, en territorio y, desde el punto de vista económico, con mayor capacidad de gestión».

Servicios mínimos

Este es el modelo en torno al cual cerró ayer filas el Partido Popular de Castilla y León y lo defenderá ante el presidente Mariano Rajoy como el más idóneo para esta comunidad. «Vamos a presentar nuestras conclusiones al Gobierno de España para que se tengan en cuenta las peculiaridades de esta comunidad que tiene la cuarta parte de los ayuntamientos de España; los ciudadanos viven donde quieren y hay que garantizarles una serie de servicios mínimos», declaró el secretario autonómico del PP. ¿Que si puede colisionar este modelo con el borrador que prepara el Gobierno central de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local? «Nosotros vamos a trabajar en el ámbito institucional de haber alguna discrepancia con los borradores, pero parece que encajan los modelos, aunque estamos en unos tiempos que todo puede evolucionar a la semana siguiente. De cualquier forma vamos a remar todos en la misma dirección para que sean compatibles», puntualizó el secretario autonómico de los populares.

No eludió tampoco responder a la pregunta sobre las objeciones al modelo hechas patentes por los alcaldes de Ávila, aunque suavizó sus efectos. «Estamos todos en la misma dirección, pero dentro del PP también se puede opinar de manera distinta; todas las aportaciones se van a tener en cuenta para seguir trabajando en el futuro», concluyó.

Pero, según otras fuentes presentes en la reunión de Las Francesas, las objeciones al modelo, «que nadie cuestiona», vinieron no solo de la mano del abulense Antolín Sanz, sino de la mayoría de los presidentes provinciales, excepción hecha de los de Valladolid y Palencia. Y de León tampoco, pero porque Isabel Carrasco estaba a esa misma hora en un funeral. Se debatió, y mucho, sobre si los distritos son una nueva unidad administrativa, «y en eso Rajoy es tajante: solo quiere ayuntamientos y diputaciones, y que las mancomunidades sean residuales», insisten las mismas fuentes. Lo que quedó claro, subrayan, es que los distritos serán mancomunidades mejoradas, «pero como son agrupaciones voluntarias, convivirán con las mancomunidades que ya existen, con lo que en la práctica puede haber dificultades».

Sostenibilidad

Así que algunos presidentes solicitaron a Herrera que «hable con Madrid para dar sostenibilidad al modelo», porque la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local está al caer, y al parecer se han modificado 14 artículos «que son pocos, pero sustanciales, y pueden entrar en colisión con la nueva ordenación territorial de Castilla y León». Por el momento, la Junta espera que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ponga fecha a una reunión para presentar el nuevo modelo del mapa territorial de la comunidad.

Otras fuentes pusieron el acento en que, aunque se analizó el informe realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que se cuestiona el modelo castellano y leonés basado en los distritos, «al final, todo el mundo apostó por el modelo de la asociación voluntaria de municipios, por la redistribución de competencias y la eliminación de duplicidades» y «se reconoció el esfuerzo realizado durante más de un año en este trabajo y su presentación a 1.900 alcaldes».

A la reunión del presidente autonómico del PP, Juan Vicente Herrera, con los presidentes populares provinciales asistieron también el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, el director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta, Luis Miguel González Gago, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias y alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y la nueva coordinadora general del PP de Castilla y León, Alicia García.