73 personas detenidas en la operación Pitiusa contra el mercadeo de información y datos personales

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial a 73 personas implicadas en la conocida como operación Pitiusa, cuyo objetivo es hacer «investigaciones personales, comerciales o empresariales al margen de la ley». Los detenidos, acusados de «tráfico ilícito por la compra-venta de datos que afectan a la privacidad de las personas» forman parte de una trama «muy bien montada» y establecida como «una tela de araña», con origen en Barcelona y que se ha extendido a más de 20 provincias de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Cantabria, tal y como ha asegurado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el marco de la reunión que celebraron en el Centro de Formación de Policía de Ávila con los altos directivos de su cartera ministerial, para hacer balance de los primeros meses del Gobierno y marcar los objetivos del futuro.

Los acusados en la trama son en su mayoría de nacionalidad española y se les relaciona con delitos de cohecho, intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. Entre los arrestados se encuentran funcionarios de la administración pública, sobre todo en «las financieras y Seguridad Social», abogados profesionales, personas dedicadas a la seguridad privada y funcionarios policiales.

Por el momento se han realizado más de cuarenta registros, aunque se esperan más detenciones, ya que la operación «sigue abierta». El ministro del Interior indicó que para acceder a la información protegida, «los detectives privados entraban en connivencia con funcionarios públicos que compraban y vendían los datos» y con esa información se elaboraban expedientes personales, empresariales y comerciales, que servían para «chantajear y coaccionar».

Fernández Díaz apuntó que esta actuación de desmantelamiento ha contribuido en la «preservación de los derechos y libertades fundamentales de los españoles», entre los que figura la privacidad de los datos personales.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, se ha desarrollado por la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, en estrecha colaboración con la Unidad de Delitos Fiscales de Barcelona y la Unidad de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de la misma ciudad.

Por otro lado, el ministro del Interior indicó que está previsto que se reúna con las autoridades del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, junto con la delegación del Gobierno de la capital española para «impartir instrucciones en relación con la conmemoración del 15-M».

En este sentido, Fernández Díaz señaló que espera que las manifestaciones y reuniones se realicen con «absoluta paz y libertad», aunque no permitirá las acampadas, debido a que «son actos ilegales y prohibidos».

Por último, el ministro del Interior quiso manifestar que la colaboración antiterrorista con Francia fue «espléndida», por lo que espera que con el nuevo el nuevo Gobierno del socialista François Hollande, la lucha contra ETA sea igual de «magnífica».