La Audiencia de Valladolid reabre la investigación por un contrato de 858.000 euros con el Sacyl

La Audiencia de Valladolid ha ordenado al juez de Instrucción número 4 de la capital que reabra la investigación que cerró en julio del pasado año, en relación con un contrato para prestar servicios informáticos a la Consejería de Sanidad por importe de 858.452 euros.

Los trabajos, materializados en tres facturas correspondientes al año 2007, estaban relacionados con el mantenimiento, la instalación de 'software' de migración y cambios en el programa Medora de Sacyl.

Las diligencias penales se incoaron como consecuencia del concurso de acreedores de la empresa Castilla Informática Consulting S. A. y después de que el titular del Juzgado de Primera Instancia número 12 dedujese testimonio al observar la posible existencia de un delito de falsedad documental o un delito societario por haberse incorporado en las cuentas anuales dichas facturas con cargo a un crédito existente frente a la Gerencia Regional de Sanidad de la Junta. La reapertura de las diligencias es fruto del recurso presentado por la empresa Ingenius Team contra el auto de archivo.

«Ni expediente»

Según figura en las actuaciones judiciales, la Gerencia no admitió el pago de dichas facturas alegando que «no se correspondían con ningún contrato, ni expediente, y que los servicios que en ellas se contienen no se han prestado».

Sin embargo, representantes de la empresa CIC aportaron diversa documentación sobre los trabajadores que realizaron los servicios. Un informe pericial, que figura en el concurso de acreedores, recoge que los trabajos efectuados son diferentes a los que la Gerencia dice que contrata. El 17 de marzo del 2010 el Ministerio Fiscal consideró ficticio este crédito por importe de 858.000 euros y propuso que el concurso se declarase como culpable y no como fortuito como alegaron los administradores concursales.

En este sentido, la Audiencia apoya que se reabra la investigación en la que Sacyl dijo que «no se prestaron los servicios que documenta el crédito, de modo que, presuntamente, al menos, se están documentando servicios ficticios con el fin de aumentar el crédito» concursal.

En las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia número 12 declararon dos funcionarios de la Consejería de Sanidad, entre ellos Jesús García-Cruces, ex director general de Desarrollo Sanitario.

Para la Sección Cuarta de la Audiencia, es necesario que el juez de Instrucción número 4 aclare «si las facturas son indiciariamente falsas, o se ha faltado a la verdad por los funcionarios de la Junta». El tribunal de apelación tiene claro que las facturas que se aportaron al concurso por parte de los administradores o son reales o se «habría cometido una presunta falsedad por los funcionarios» regionales.

Por todo ello, ordena al magistrado instructor que continúe con las diligencias abiertas en su día para averiguar el origen real o ficticio de los documentos. En este sentido, el juez ha citado para el próximo día 7 de marzo a declarar como imputados a los administradores de la empresa Castilla Informática Consulting.