Castilla y León pide a Gallardón 163 millones por la transferencia de la Justicia

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presenta hoy al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el documento suscrito por todos los estamentos judiciales de Castilla y León que sienta las bases de la negociación de las transferencias de Justicia sobre una condición económica: 163,52 millones de euros. Son 30 millones por encima de la última oferta recibida por la Junta de Castilla y León del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Todos los firmantes del Pacto de la Justicia creen que el ministro Gallardón será sensible a la reivindicación de las competencias judiciales de Castilla y León, aunque son conscientes de que el proceso puede ir para largo por la situación económica. No obstante, enarbolan el argumento, que también hace suyo el consejero portavoz de la Junta, de que el primer paso es exigir la dotación económica adecuada, aunque sin prisas, porque «al fin y al cabo, las competencias de Justicia son un mandato estatutario y no es de recibo que haya comunidades autónomas que las tengan y otras no», señalaba el mismo día de la firma del pacto José Antonio de Santiago-Juárez.

Es cuestión de voluntad política, como sostiene el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Para Antonio Fonseca, la Justicia necesita inversión, venga del Estado o de la Junta. Sobre todo, indica la portavoz de los registradores, Adoración Reyes Gómez de Liaño, para completar de una vez por todas la informatización de la Justicia que permita a todos los estamentos compartir información y evitar duplicidades. Y también para corregir disfunciones como las que ocurren en las oficinas judiciales, apunta Fernando García Delgado, presidente del Consejo Regional de la Abogacía.