Los profesores de Secundaria han perdido el 50% de su poder adquisitivo desde 1986

Aunque de momento las movilizaciones están descartadas en la comunidad autónoma, la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Aspes) ha lanzado un llamamiento a la concienciación social «para salir a la calle con el fin de obligar a los gobiernos a que tomen cartas en el asunto y acaben con el fraude fiscal» sin damnificar el estatus del funcionario público. El presidente regional de la organización profesional, Honorio Vega, ha criticado con vehemencia, esta mañana en Segovia, las políticas de ajustes y tijeretazos y ha vaticinado que «si no se toman medidas esto puede terminar en una explosión social».

El responsable autonómico se hace eco del malestar que han sembrado en el colectivo docente las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León antes de finalizar 2011, que se suman a otras políticas anteriores y a una coyuntura económica que el profesorado entiende que es complicada. Sin embargo, Vega considera que el pato de la deuda de las instituciones no debe ser pagado por los servicios públicos, como son la propia enseñanza o la asistencia sanitaria. «No podemos seguir llamando a la puerta de los empellados públicos para cuadrar las cuentas nacionales y regionales».

El presidente de Aspes en Castilla y León apela a otras soluciones en la aplicación del inevitable tijeretazo. Así, «entendemos que hay que reducir el sector público empresarial, porque es un nido de corrupción con sueldos astronómicos». Es una de las fórmulas propuestas por el sindicato para rebajar el fraude fiscal, que en España asciende a unos 90.000 millones de euros.

«Un país que condena a los más débiles a pagar los desmanes de los poderosos ni es justo ni es democrático», ha insistido en su intervención. Honorio Vega considera que los últimos anuncios de recortes de gasto impulsados por el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera suponen un «retroceso en las condiciones laborales y profesionales, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos».

En cuanto a cómo pueden afectar las iniciativas de ajuste que aplicará la Junta en el personal educativo no universitario, los representantes de Aspes otean un panorama aún más negro que el actual. El sindicato que representa al profesorado de Secundaria ha manifestado su tajante y absoluto rechazo al aumento de la jornada laboral a 37,5 horas. También se oponen a que el número de periodos lectivos -es decir, la impartición directa de clases- suba respecto al año anterior hasta un mínimo de 18 horas, pudiendo elevarse a 21.

Las restricciones en el funcionamiento interno de los centros y los conflictos por la sustitución de incapacidades personales también han encendido los ánimos del personal docente, que opina que esta batería de medidas lo que va a originar es una disminución de la calidad y de la excelencia de la enseñanza pública, ha apuntado el secretario general de la organización sindical, Carlos Hernández.

Reducción de plantillas

Pero no serán las únicas repercusiones negativas que augura la asociación profesional. Sus responsables también vaticinan que esas políticas desencadenarán otro tijeretazo, esta vez en las plantillas de los centros. Esta circunstancia provocará, a su vez, un aumento de la ratio de alumnos por aula. Con este escenario, los profesores se vana ver más desbordados todavía, piensa Honorio Vega.

A esa sobrecarga de trabajo, Aspes añade el mal de la contención retributiva. Además de arremeter contra el Ejecutivo regional por no aplicar ni una sola mejora de las contenidas en la LOE, ahora la Administración castellana y leonesa es la primera en apuntarse a los recortes que proceden de la esfera nacional, critica el presidente de la asociación.

Los docentes de Secundaria -especifica Vega- «sufren un recorte del 7,3% y no del 5%». El representante del colectivo cuenta también con el incremento experimentado por la inflación cercana al 3%. Con todo esto, «la pérdida del poder adquisitivo es del 50% desde 1986», apostilla Honorio Vega.

Tampoco se han librado de las críticas la patronal, a la que el sindicato Aspes acusa de mentir y «esas mentiras ayudan muy poco a la sociedad»