55.761 personas asistidas con la Ley de Dependencia tras años de polémica sobre quién paga las prestaciones

La aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia ha propiciado que existan en Castilla y León 55.761 personas a las que se les ha proporcionado una prestación para facilitarles el día a día.Según los datos que ofrece la propia Junta de Castilla y León en su página web, 88.256 ciudadanos han solicitado la ayuda, de los que 84.042 cuentan con un dictamen de la Administración. De esos expedientes resueltos, en 62.036 casos se ha reconocido el derecho a recibir una prestación, de la que 'disfrutan' esos 55.761 ciudadanos con los que empezaba esta información. ¿Son muchos o pocos en una comunidad envejecida? El Norte de Castilla aborda la aplicación de la Ley de Dependencia en un informe que podrán conocer íntegramente en la edición impresa de mañana y del que adelantamos unas pinceladas. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a la comunidad a la cabeza de la aplicación de esta ley en España. Puntúan a Castilla y León con un 9,5. Estos profesionales, a los que se suma la consejera de Familia e Igualdad, Milagros Marcos, piden la revisión estatal de las tarifas que abona el ministerio por cada usuario dependiente. Defienden que se pague el coste real de la prestación que se asigna y no se abone la cuantía en función del grado de dependencia de cada persona, con independencia de que esta cuente con una plaza en una residencia, por ejemplo, o un servicio de ayuda a domicilio. Desde el PSOE se acusa a la Junta de Castilla y León de demorar la asignación de prestaciones para no abordar los pagos. En el centro de todo, como siempre ha sido desde que esta ley vio la luz, la polémica sobre cuál de las dos administraciones pone más dinero por esa atención y las acusaciones de «delealtad política». Y con la vista en el futuro surge una pregunta: ¿habrá dinero para pagar estas prestaciones?