Asaja reclama nuevas infraestructuras de regadío para Ávila

Asaja de Ávila reclamó hoy la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de regadío modernizado en la provincia, un paso "imprescindible" para mejorar la competitividad de las explotaciones", ya que así se mejorará el rendimiento por hectárea y descenderá el consumo de agua "hasta un 40 por ciento".

Para Joaquín Antonio Pino, presidente de Asaja Ávila, la "modernización" del regadío es un paso necesario y exigible a las administraciones competentes, de cara a "que el campo abulense entre de lleno en una nueva era", caracterizada por la "eficiencia".

Según esta organización, en la actualidad, el coste del riesgo por sondeo hace "inviable" este tipo de explotaciones, de manera que contar con más hectáreas de regadío modernizado mediante aguas superficiales implica un uso eficiente del agua, además de ser un "polo de atracción" de mano de obra y favorecer el "asentamiento de la población en el medio rural.

"Atrae industria agroalimentaria transformadora de las producciones agrícolas y ganaderas", lo que "genera valor añadido al sector", añadió Joaquín Antonio Pino, recordando que los agricultores abulenses únicamente disponen de un regadío verdaderamente modernizado como es el de Las Cogotas, que afecta a más 6.000 hectáreas y que se puso en marcha hace algo más de un año.

De esta infraestructura se benefician, en la actualidad, cerca de un centenar de agricultores y más de un millar de propietarios, razón por la que el presidente de Asaja Ávila hizo un balance satisfactorio de su primer año de funcionamiento.

No obstante, reclamó extender los beneficios del regadío a un mayor número de hectáreas y agricultores, a la vez que incidió en que, "gracias a las gestiones de Asaja", los regantes de Las Cogotas "han obtenido un incremento sustancial de los derechos de pago único en su mayoría, de secano-, que ahora tiene consideración de regadío, lo que ha supuesto aumentar el valor por hectárea "de 160 a 350 euros" de media.

De la misma forma, Asaja Ávila reclamó a la Administración central la disminución del coste de la electricidad que necesitan los agricultores para extraer el agua mediante sondeo, además de que abonen únicamente la electricidad que consumen así como el ajuste del IVA en la facturación eléctrica del 18 al ocho por ciento.