La 'choricera' de Segovia precipita su cierre con 99 empleados ya en la calle

«Ha descansado en la paz del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León, a los 111 años de existencia, habiendo recibido el beneplácito de la Justicia, la 'choricera' (víctima de Proinserga SA)». Es el encabezamiento de la esquela que colgaba ayer del edificio de Trabajo, en la avenida Fernández Ladreda de la capital segoviana. Aún se desconoce el epitafio que figurará en la tumba de una de las empresas más emblemáticas que ha tenido el exiguo tejido industrial provincial y cuya desaparición es irreversible e irremediable.

No hubo milagro. No surgió una compañía salvadora que reanimara al enfermo. Únicamente resta el certificado de defunción firmado por el juez, trámite que puede finiquitarse esta misma semana, según han vaticinado algunos integrantes de la plantilla que hasta ahora ha trabajado en la planta cárnica de Primayor Elaborados SL.

La fábrica agoniza en las instalaciones ya prácticamente vacías del polígono del Cerro. El pasado viernes unos camiones cargaron la mercancía que sobraba. Las máquinas están paradas y el personal también se ha ido ante el inminente cierre de la planta. Ayer ya no acudieron a sus puestos 99 empleados, comenta resignado el presidente del comité de empresa de la 'choricera', José Antonio Rivilla. Sólo quedaban por las oficinas 'fantasma' de la fábrica de productos cárnicos parte del personal de mantenimiento y de administración, que pronto también se verán en la calle.

Al final, serán 114 trabajadores los que pierdan su empleo, algunos con antigüedades que rondan los cuarenta años, casi una vida de dedicación plena a la compañía. Así duele más. Es la crónica de una muerte anunciada desde hace dos años, apostilla Rivilla.

Instancias inútiles

Las negociaciones sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por los administradores concursales no llegaron a ningún puerto. El plazo de un mes expiró sin solución y el procedimiento de desmantelamiento de la fábrica siguió su curso, pese a las instancias presentadas ante el juez y a la Delegación de Trabajo en las que los representantes de los trabajadores apelaban al despido improcedente. Fue inútil.

La plantilla damnificada por el ERE recibió, el lunes, una carta de los administradores en la que se les comunicaba que podían dejar de ir a trabajar a partir del 1 de diciembre, señala a grandes rasgos el presidente del comité de empresa. José Antonio Rivilla especifica que la fórmula usada por los concursales ha sido la del «permiso retribuido».

¿Qué les queda a los 114 despedidos? El representante de la plantilla teme que «nos tendremos que acoger al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), que nos paga veinte días por cada año trabajado».