Economía pagará por el edificio de Arroyo 52 millones, el 30% más de lo tasado

No se ha inaugurado, a pesar de que se finalizó hace un año, y el edificio comprado por la Junta de Castilla y León el pasado mes de marzo por 52 millones de euros (9.983 millones de pesetas con IVA), para ubicar a unos 600 empleados públicos, sigue generando polémica. El Partido Socialista vuelve a la carga parlamentaria reclamando la presencia del representante de una de las empresas tasadoras (Tinsa), para que explique los valores estimados en su momento, tanto para el arrendamiento como para la opción de compra posterior, y que sirvieron para cerrar esta adquisición a la empresa Urban Proyecta PM3.

La petición por segunda vez se produce tras comprobar que la Consejería de Hacienda valora en 40,7 millones de euros el inmueble, que tiene una edificabilidad de 35.111 metros cuadrados destinados para oficinas, garajes y zonas de servicios. Es decir, un precio medio de mercado que es un 30% inferior (12 millones de euros) al que pagó Economía.

El departamento que dirige la consejera Pilar del Olmo dispone de un Servicio de Valores de Inmuebles Urbanos en el que fija para el nuevo edificio del sector 15 de Arroyo, donde se levanta el complejo, dicha cantidad teniendo en cuenta una calidad alta.

El contrato de la compra de este inmueble, diseñado por el equipo de arquitectos madrileños de Antonio Lamela, fue suscrito el 27 de marzo de este año por el consejero delegado de Gesturcal y secretario general de la la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado. La operación inmobiliaria se cerró cinco días antes de que otra responsable de este departamento, la viceconsejera Begoña Hernández, anunciase en las Cortes que la Junta había decidido de mutuo acuerdo con la promotora reconvertir el contrato de alquiler de 15 años por el de propiedad. El de arrendamiento habría supuesto unos 100 millones de euros, mientras que la compra supone 60 millones, IVA incluido.

16 días para un proyecto

Pero a la oposición no le cuadran las cuentas de esta operación inmobiliaria en Arroyo de la Encomienda, municipio limítrofe con Valladolid, que comenzó a finales del 2005 cuando la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) sacó a licitación el arrendamiento de un edificio inicialmente para este organismo y sus empresas públicas.

El BOCYL publicó el anuncio el 30 de diciembre de ese año, y daba un plazo de apenas 16 días para presentar un proyecto arquitectónico de estas características. El 12 de enero del 2006 la empresa Urban Proyecta (del grupo Parqueolid) presentó su propuesta de arrendamiento por 34,9 millones para 10.000 metros cuadrados. Pero el edificio no estaba construido, y según la web del estudio Lamela, el coste se estimó en 24 millones.

En mayo del 2006, la ADE adjudicó el alquiler del edificio condicionado a un posterior informe de tasación en el momento de la entrega, algo que Urban no aceptó. Tras renunciar ésta al contrato, 20 días después Gesturcal, otra empresa de Economía, volvió a adjudicar a Urban el alquiler por 76 millones con IVA.

Hacienda debería de haber sido la encargada, según la Ley de Patrimonio, de cerrar la operación, pero Del Olmo delegó el 4 de diciembre del 2007 la misma ya firmada en Delgado. En enero de este año, Rafael Delgado justificó a EL NORTE que no se hiciera publicidad «porque en el sistema de adjudicación directa es lo habitual».