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El edificio de singulares cualidades que va a comprar el Gobierno regional a la empresa Urban Proyecta./ RAMÓN GÓMEZ
La Junta da carpetazo al polémico edificio de Arroyo y lo compra por 52 millones
CASTILLA Y LEÓN

La Junta da carpetazo al polémico edificio de Arroyo y lo compra por 52 millones

El PSOE mantiene que ha habido «irregularidades» y que el control parlamentario ha evitado «un pelotazo de 50 millones» El inmueble reagrupará varios entes de Economía y a 600 trabajadores

ISABEL F. BARBADILLO

Miércoles, 1 de abril 2009, 09:33

La Junta de Castilla y León ha decidido dar carpetazo a la polémica generada por el edificio de Arroyo, que albergará varias dependencias de la Consejería de Economía y a unos 600 trabajadores, y formalizar el contrato de compra-venta con la empresa Urban Proyecta en lugar de alquilárselo. La viceconsejera de Economía y Empleo y presidenta de Gesturcal (Parques Tecnológicos y Empresariales), Begoña Hernández, lo anunció ayer en las Cortes autonómicas en una comparecencia solicitada por el PP, pero en la que al PSOE le hubiera gustado replicar al consejero, Tomás Villanueva, como había solicitado.

La opción de compra, decidida el pasado 25 de marzo, supone la adquisición por la empresa pública Gesturcal de un inmueble de 35.111 m2 (de los que 17.615 se dedican a oficinas) por un importe de 52.155.00 euros, precio que la Junta considera «de mercado».

La noticia sobre la compra desconcertó al grupo parlamentario socialista, dispuesto a descargar su artillería pesada por el «despilfarro» que iba a suponer el desembolso, a juicio del procurador Jorge Félix Alonso, «de 100 millones por el alquiler del edificio durante 15 años y sin opción a compra», según sus cálculos, extraídos de los datos del segundo contrato de alquiler entre Gesturcal y Urban.

Begoña Hernández salió al paso de las críticas y aseguró en la Comisión de Economía que el Gobierno regional ha cambiado el alquiler por «una buena operación de compraventa porque las circunstancias lo han permitido, no sólo por el precio de compra, sino por las calidades constructivas y servicios del edificio». Negó cualquier irregularidad en el proceso y dijo que «las actuaciones se han ajustado a la legalidad vigente» y han sido refrendadas, tanto en la fijación del precio del alquiler como en la opción de compra y en la compra «por tasaciones de mercado de entidades acreditas e inscritas en el Banco de España».

Los avatares del alquiler

La polémica sobre este edificio ubicado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, surgió hace unos meses, cuando este periódico reveló que la Administración regional había alquilado a Urban Proyecta PM 3 S. L., del grupo Parqueolid, 17.000 m2 del mencionado inmueble por 15 años y un coste de 20 euros el m2.

La viceconsejera explicó ayer con profusión de detalles -«llenos de contradicciones», en opinión del grupo socialista- la historia de una operación iniciada en el 2005, cuando el departamento que dirige Villanueva llegó a la conclusión de que era necesario y urgente reagrupar las dependencias de Economía, entre ellas, algunas direcciones generales, entes como el ADE y varias empresas públicas y participadas. Su dispersión por la capital vallisoletana se traduce en un gasto en alquiler de 2.176.946 euros anuales. Este coste, unido al deseo de una mejor coordinación administrativa y prestación de servicios a ciudadanos, pymes y autónomos, provocó la búsqueda de un espacio o solar público que hiciera posible tales pretensiones. Pero la búsqueda se convertiría en toda una aventura infructuosa, ya que, según Begoña Hernández, las gestiones con el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación no tuvieron éxito. La negativa del Ayuntamiento a modificar el convenio con la corporación provincial para que ésta cediera a la ADE (Agencia de Inversiones) una parcela en Villa del Prado, llevó a la Agencia a licitar, en noviembre del 2005, un contrato de arrendamiento de un espacio de 10.000 metros cuadros por 15 años con opción a compra al final de este periodo.

Al concurso público sólo se presentó la empresa familiar afincada en Valladolid Urban Proyecta, a la que la ADE presenta en mayo del 2006 una «propuesta de adjudicación condicionada». El precio establecido era de 20,69 euros el metro cuadrado. Los 10.000 metros cuadrados de oficinas engloban 160 plazas de garaje y 600 m2 de archivos, por lo que el m2 de oficina salía a 18,97 euros. El precio de venta alcanzaría los 34.900.000 euros, en caso de ejercitarse, por los 10.000 m2 de oficinas. La condición, que se valorara de nuevo el edificio.

Dos contratos

Sin embargo, a finales de ese mes del 2006, Urban rechaza la propuesta de adjudicación «por la dificultad de aplicar a la oferta las condiciones del pliego, así como por la imposibilidad de cumplir con los plazos fijados en el mismo, dado el tiempo que transcurrió entre la licitación y la adjudicación». Además, añade en un escrito que el pliego «impide la obtención de la financiación para la ejecución de la obra». Como el contrato de alquiler no se había llegado a formalizar, tanto la promotora como la ADE deciden archivar el expediente el 3 de julio.

Ante tales dificultades, la Consejería se plantea la posibilidad de negociar un alquiler sin opción de compra y ahora desde Gesturcal, empresa participada por la ADE en más del 99%. Begoña Hernández justificó el paso de la gestión de la ADE a Gesturcal por «la mayor experiencia» de los técnicos de la empresa, por la posibilidad de utilizar «una empresa en beneficios como es Gesturcal y que opera como S. A. en el mercado, para abaratar sensiblemente los costes de la operación, al ser una sociedad que no se financia con fondos públicos y permite un tratamiento fiscal de la operación más beneficioso». Agregó que «por ser práctica habitual» y por conocer la ADE el anterior contrato se omite el concurso público.

El 19 de julio del 2006 se firma el contrato de arrendamiento de 10.000 metros cuadrados al precio de 20,69 euros el metro cuadrado (incluidos archivos y plazas de garaje). El contrato, que amplía en 7.615 m2 el espacio, se suscribe sin opción de compra, pero Gesturcal advierte que tan pronto como concluya la obra y antes de su entrega «se procederá a negociar una opción de compra a precios de mercado», propuesta que acepta Urban en un escrito remitido en julio del mismo año y que se adjunta al contrato de arrendamiento. En noviembre del 2007, Hacienda cede las competencias sobre el asunto en Economía para «facilitar el arrendamiento».

Un año después, en noviembre del 2008, y con el edificio concluido, Gesturcal inicia con Urban las conversaciones sobre la opción de compra «debido a la situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario, según explicó la viceconsejera. El 24 de febrero del 2009 encarga un Informe de Valoración a la Sociedad Inmoseguros Tasación S. A., integrada en el grupo Inverseguros, «sociedad de prestigio que opera a nivel nacional. El 18 de marzo, la Consejería de Economía recibe el informe, que tasa el edificio por un valor de 52.155.000 euros, supuesto libre de inquilinos y hace constar que los dos contratos de arrendamiento han condicionado la construcción del edificio de singulares cualidades, por lo que los costes han sido superiores para mejorar su calidad. Teniendo en cuenta las otras dos tasaciones hechas en 2006 por la ADE y por Tinsa, que situaba el valor de l inmueble en 58.062.000 euros, y de Euroval, que lo fijaba en 57.568.590 euros, Gesturcal procede, el pasado 25 de marzo, decide comprar el edificio en el precio establecido por Inmoseguros.

Ante los datos y fechas esgrimidos por la viceconsejera, Alonso acusó a la Junta de haber ejecutado la opción de compra «para buscar una salida digna», pero reclama para sí que gracias a la labor de control «se ha evitado un pelotazo que habría costado a los ciudadanos 100 millones de euros». Y se preguntó cómo es que Urban ha aceptado la operación.

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