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JESÚS BOMBÍN
Martes, 3 de marzo 2009, 01:37
Casi tres meses después de que el Centro de Estudios Federico Wattemberg denunciase la destrucción de parte de la necrópolis vaccea del yacimiento arqueológico de Pintia (Padilla de Duero), la Junta de Castilla y León aún no ha resuelto el expediente informativo abierto.
El director general de Patrimonio, Enrique Saiz, compareció ayer en la Comisión de Cultura de las Cortes a petición del PSOE, y aunque admitió que no debería ofrecer información de un expediente aún en tramitación, podía avanzar que «no hubo arada en profundidad, y que según los técnicos, no se sobrepasó los 30 centímetros».
Añadió Saiz que el desplazamiento de estelas funerarias que se reseñaba en la denuncia «es anterior al 2008», todo ello en una intervención en la que se refirió a las «presuntas agresiones» en la necrópolis vaccea. La procuradora socialista María Blanco exigió la puesta en marcha de un Plan Especial de Protección que ponga fin a los sucesivos episodios de daños y destrucción causados en el yacimiento desde 1991 a cargo de empresas de extracción de áridos o de particulares que aran las tierras para el laboreo agrícola.
Que únicamente tres de las 125 hectáreas del yacimiento arqueológico sean de titularidad pública llevó a la representante del PSOE a exigir la implicación de la dirección de Patrimonio con medidas efectivas porque de lo contrario, aseguró María Blanco, «desaparecerá un tercio del yacimiento».
El responsable de Patrimonio rechazó la adquisición pública de terrenos en los que haya complejos arqueológicos: «En Castilla y León hay 23.000 y si tuviéramos que comprar los terrenos equivaldrían a la mitad de la superficie de la provincia de Valladolid; eso no lo hace ninguna administración», argumentó.
La «falta de compromiso» de la administración regional en la elaboración de un Plan Especial de Protección en el entorno arqueológico de Pintia, llevó a la procuradora socialista a pedir la dimisión del director general. «Por su falta de interés, debería marcharse», sentenció.
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