Los anteriores dueños acusan a la Junta de la crisis de Nodalia

Los anteriores propietarios de la empresa Castilla Informática Consulting (CIC) integrada después en la firma Nodalia, difundieron ayer un comunicado en el que responsabilizan a la Junta de Castilla y León de la crisis en la que se encuentra sumida esta empresa por lo que califican como «un incomprensible parón en la contratación» que la Administración regional mantenía con esta firma. Nodalia anunció ayer a la plantilla que ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil la declaración del concurso voluntario de acreedores, la antigua suspensión de pagos, tanto para la firma matriz como para una de las participadas CIC, mientras que no lo hace para el resto de las sociedades que forman parte del conglomerado, en concreto CPI, TQM y Kaizen.

Juan y José María Valentín-Gamazo, anteriores administradores de CIC difundieron ayer una nota en la que, frente a lo declarado por el actual responsable legal de Nodalia, Juan Posadas Serrat, señalan que desde la constitución de la empresa, en diciembre del año 2007, Posadas fue vicepresidente de la empresa ahora en suspensión de pagos, pese a que ayer en su comunicado aludía a que la situación es consecuencia de las pérdidas sufridas durante los nueve primeros meses de andadura de esta compañía.

Decepcionante resultado

Los firmantes del comunicado aseguran que los decepcionantes resultados de Nodalia responden a causas objetivas «fundamentalmente al incomprensible parón en la contratación de la Junta, Administración que había impulsado y tutelado el proyecto, designando a los profesionales que debían intervenir en el proceso participando activamente en la toma de decisiones del órgano de administración, a cuyas sesiones asistieron siempre dos representantes de la Consejería de Economía», relatan Juan y José María Valentín-Gamazo.

Nodalia ha visto rechazado por la Jefatura Territorial de Trabajo de Valladolid la petición de Expediente de Extinción de Empleo para 54 trabajadores de su plantilla. En su resolución, la responsable de esta área de la Administración regional considera desproporcionada la petición de despido que se pretendía aprobar.

Según los anteriores dueños de Nodalia y CIC, la presentación del concurso de acreedores sólo para dos de las empresas constituye una violación del pacto de integración de todas las empresas anteriores en Nodalia. «Tal medida implica, necesariamente una alteración de los criterios contables impuestos por dicho pacto, que fueron los que se utilizaron hasta el cierre de la contabilidad el 19 de septiembre, fecha en la que salimos de la sociedad», aseguran.